La preocupación por la disponibilidad de agua vuelve a ocupar el centro del debate en el municipio de Aiquile, donde sectores de la población plantean la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua potable y, al mismo tiempo, asegurar el recurso destinado a la producción agrícola.

Ante este escenario, se propone que el Comité Cívico de Aiquile convoque a una Cumbre Municipal del Agua, con la participación del Gobierno Autónomo Municipal, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SEAPAM), usuarios de la represa El Salto, juntas vecinales, comunidades campesinas, organizaciones sociales, sectores productivos, profesionales, organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación.

La propuesta busca que la problemática sea analizada con información técnica y que las decisiones sobre el futuro del agua en Aiquile sean tomadas de manera participativa y transparente.

Uno de los principales puntos planteados es conocer con precisión la situación económica y administrativa de SEAPAM, entidad que se encuentra bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile. Entre las interrogantes que se pretende abordar están los ingresos que genera el servicio, sus gastos, las inversiones realizadas, las necesidades de mantenimiento y los recursos que serían necesarios para mejorar el sistema de distribución.

La discusión también alcanza a la represa El Salto, una infraestructura construida precisamente con el objetivo de contribuir al abastecimiento de agua potable de Aiquile y al riego agrícola. Información publicada por Los Tiempos señala que el proyecto fue concebido para beneficiar tanto al consumo humano como a la actividad agrícola, mientras que antecedentes técnicos y proyectos de manejo de la microcuenca establecen que El Salto tiene un carácter estratégico para la seguridad hídrica del municipio.

En este punto, la propuesta ciudadana plantea que se conozca mediante documentación técnica y legal cómo se distribuye actualmente el agua entre el consumo humano y el riego, incluyendo el dato del 48% de utilización que se menciona para los regantes. El objetivo, según el planteamiento, no sería enfrentar a los usuarios urbanos con los productores, sino contar con información verificable sobre el volumen disponible, el número de beneficiarios, las superficies bajo riego y las necesidades de consumo humano.

La preocupación por la disponibilidad del recurso tampoco es nueva para Aiquile. En junio de 2024, Opinión reportó que Aiquile, Omereque y Pasorapa se declararon en emergencia debido a la sequía. En el caso de Aiquile, se informó que 36 comunidades ya no contaban con agua en ese momento.

Asimismo, un antecedente de 2023 señalaba que Aiquile se encontraba entre los municipios más afectados por la sequía en el Cono Sur de Cochabamba, debido a la insuficiente recarga de represas y caudales.

Estos antecedentes muestran que la escasez hídrica no constituye un problema aislado ni reciente. Un documento relacionado con la protección de áreas de recarga hídrica de Aiquile también identifica períodos prolongados de estrés hídrico y advierte sobre factores como la irregularidad de las lluvias, las sequías, la degradación de las zonas de recarga y otros impactos ambientales.

En ese contexto, otro de los planteamientos es elaborar un balance hídrico municipal que permita determinar cuánta agua existe actualmente, cuánto se utiliza para consumo humano, cuánto se destina al riego, cuánto se pierde en el sistema y cuáles serán las necesidades futuras de la población.

La propuesta también contempla revisar los proyectos ejecutados por ONG, fundaciones y organismos de cooperación relacionados con agua potable, saneamiento, riego y conservación de fuentes hídricas. La intención es conocer cuánto se invirtió, quiénes fueron los beneficiarios, cuáles fueron los resultados y qué proyectos se encuentran pendientes o en ejecución.

Para los impulsores de la iniciativa, Aiquile necesita avanzar de las respuestas de emergencia hacia una planificación de largo plazo, que incluya nuevas fuentes de agua, almacenamiento, mantenimiento de infraestructura, sistemas de bombeo, reducción de pérdidas, protección de las zonas de recarga, inversión y mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

El SENAMHI cuenta actualmente con sistemas de monitoreo y predicción de amenazas de sequía y herramientas de seguimiento de variables relacionadas con la disponibilidad hídrica, información que puede resultar fundamental para que los municipios planifiquen medidas de prevención y adaptación.

La experiencia de Aiquile demuestra además que la gestión del agua requiere coordinación entre instituciones y usuarios. En 2021, una Cumbre Municipal del Agua ya había identificado conflictos derivados de la escasez y la necesidad de establecer mecanismos de gestión integral de los recursos hídricos con participación de SEAPAM, regantes, comités de agua y organizaciones sociales.

La propuesta actual busca retomar ese camino y generar un espacio de diálogo amplio para definir acciones concretas tanto para enfrentar la situación inmediata como para garantizar el abastecimiento futuro.

La pregunta central que queda planteada para Aiquile es clara: ¿cómo garantizar agua suficiente para la población, la producción y las futuras generaciones?

La respuesta, según los sectores que impulsan la iniciativa, requiere dejar de lado las disputas políticas y las confrontaciones entre campo y ciudad para construir una política municipal de seguridad hídrica basada en datos, transparencia, planificación y acuerdos entre todos los usuarios del agua.

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