A más de una década de la promulgación de la Ley N.º 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Bolivia continúa enfrentando una de sus mayores deudas ambientales. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025 y el Inventario Nacional de Botaderos, elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 300 de los 343 municipios del país aún depositan sus residuos en botaderos a cielo abierto, mientras que únicamente 43 cuentan con rellenos sanitarios que cumplen con criterios técnicos de disposición final.

La normativa, vigente desde mayo de 2015, otorgó un plazo de diez años para que los gobiernos municipales clausuraran todos los botaderos ilegales, remediaran los daños ambientales e implementaran rellenos sanitarios. Sin embargo, el plazo venció el 17 de mayo de 2026 y la mayoría de los municipios no logró cumplir con esta obligación.

Especialistas en gestión ambiental advierten que los botaderos a cielo abierto representan una seria amenaza para el medio ambiente y la salud pública. La ingeniera ambiental Apolonia Rodríguez explicó que estos espacios permiten la filtración de lixiviados —líquidos altamente contaminantes generados por la descomposición de los residuos— hacia ríos, quebradas y aguas subterráneas, además de favorecer la proliferación de insectos, roedores y la emisión de gases de efecto invernadero como el metano.

Por su parte, el ingeniero ambiental Paul Alexis Montellano señaló que un botadero no debe confundirse con un relleno sanitario. Mientras los botaderos carecen de controles ambientales, los rellenos sanitarios cuentan con geomembranas impermeables, sistemas de captación de lixiviados, manejo de biogás, monitoreo ambiental y cobertura diaria de los residuos, reduciendo considerablemente los impactos sobre el entorno.

El Tribunal Agroambiental también recordó recientemente que los gobiernos autónomos municipales tienen la obligación legal de avanzar hacia una gestión integral de residuos sólidos y cerrar progresivamente los botaderos a cielo abierto, garantizando al mismo tiempo el derecho de la población a un medio ambiente sano sin afectar la continuidad del servicio de recolección.

La Ley 755 establece además que los municipios deben identificar terrenos aptos para la construcción de rellenos sanitarios conforme a las Normas Bolivianas NB 757 y NB 760, que regulan aspectos técnicos relacionados con la ubicación, diseño, operación, monitoreo y cierre de estas infraestructuras ambientales. No obstante, la falta de recursos económicos, planificación técnica y personal especializado ha dificultado el cumplimiento de estos objetivos en gran parte del país.

Otro de los desafíos identificados por el Ministerio de Medio Ambiente es el bajo nivel de aprovechamiento de los residuos. Según datos oficiales, aproximadamente el 52% de la basura generada en Bolivia corresponde a residuos orgánicos, mientras que el 48% restante está compuesto por materiales reciclables, como plásticos, papel, cartón, vidrio, metales y textiles. La adecuada separación en origen permitiría impulsar programas de reciclaje, producción de compost, generación de biogás y el fortalecimiento de la economía circular.

Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señalan que una gestión inadecuada de los residuos sólidos incrementa la contaminación del suelo, agua y aire, contribuye al cambio climático y representa un riesgo sanitario para las poblaciones cercanas a los sitios de disposición final.

Frente a este panorama, especialistas coinciden en que Bolivia necesita acelerar la construcción de infraestructura adecuada para la disposición de residuos, fortalecer las políticas de reciclaje, promover la educación ambiental y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente para reducir una problemática que afecta tanto al medio ambiente como a la calidad de vida de millones de bolivianos.

Fuentes: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA); Diagnóstico Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025; Inventario Nacional de Botaderos; Ley N.º 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Tribunal Agroambiental; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

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