Organizaciones campesinas de las 16 provincias de Cochabamba y las seis federaciones de cocaleros del Trópico se movilizaron este viernes en la ciudad de Cochabamba para exigir al Gobierno nacional la abrogación del Decreto Supremo 5676, norma que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores.

La marcha comenzó cerca de las 10:00 en la avenida Petrolera, en la zona sur de la ciudad, y avanzó hacia el centro de Cochabamba. La movilización reúne a campesinos, mujeres Bartolina Sisa, cocaleros y otras organizaciones sociales, que portan pancartas y banderas y expresan su rechazo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Los sectores movilizados consideran que el denominado “dieselazo” tendrá un impacto directo sobre los productores, particularmente en esta época de siembra, debido al incremento de los costos de producción y transporte. Los dirigentes sostienen que el encarecimiento del combustible puede repercutir también en los precios de los productos de la canasta familiar.

El Decreto Supremo 5676 mantiene en Bs 9,80 el litro de diésel para particulares y transporte, pero establece Bs 18 para los denominados grandes consumidores. El Gobierno sostiene que la medida busca reducir el costo de la subvención y promover la importación privada de combustibles.

El rechazo a la norma no se limita al Trópico de Cochabamba. En los últimos días también se registraron movilizaciones y bloqueos de productores en Santa Cruz, mientras sectores cívicos de Cochabamba plantearon igualmente la derogación del decreto y cuestionaron la diferenciación de precios del combustible.

Desde el sector productivo cochabambino también se plantearon otras demandas relacionadas con la crisis de carburantes. Representantes empresariales, productivos y del transporte exigieron garantizar el abastecimiento de diésel en los nueve departamentos, mayor transparencia sobre los volúmenes de combustible disponibles y medidas para fortalecer la refinación nacional.

La movilización de este viernes había sido anunciada previamente por organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que se declararon en “movilización permanente” y definieron protestas contra las políticas económicas del Gobierno, la crisis de combustibles y el Decreto Supremo 5676.

La protesta se desarrolla además mientras continúa vigente el estado de excepción decretado por el Gobierno. Pese a esta medida, los sectores movilizados decidieron salir a las calles y reiteraron que continuarán defendiendo sus demandas.

La jornada vuelve a colocar en el centro del debate nacional el precio de los carburantes, la subvención al diésel y el impacto de las medidas económicas sobre productores y trabajadores, en un contexto marcado por la escasez de combustible y el incremento de los costos de producción.

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