El rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores, continúa creciendo y ya involucra a gremiales, productores, transportistas, sectores agropecuarios y otras organizaciones sociales, que exigen al Gobierno la abrogación de la norma y advierten con asumir medidas de presión y bloqueos si no reciben una respuesta favorable.

La Confederación de Gremiales Bolivianos, junto con representantes de distintos sectores productivos, realizó un ampliado de emergencia en el que determinó exigir al Gobierno dejar sin efecto el DS 5676. El dirigente nacional César González señaló que participaron representantes de sectores agropecuarios, importadores, exportadores, mineros cooperativistas, cuentapropistas y gremialistas, quienes consideran que el nuevo esquema de comercialización del diésel puede generar mayores dificultades económicas.

El decreto, promulgado el 17 de agosto, establece que los grandes consumidores de diésel deben pagar inicialmente Bs 18 por litro, mientras que para particulares y transportistas que no se encuentran dentro de la categoría de grandes consumidores se mantiene el precio de Bs 9,80. El Gobierno argumenta que la medida busca regularizar el abastecimiento, reducir las filas en los surtidores y evitar que el combustible subvencionado sea desviado hacia el contrabando y la reventa.

Sin embargo, los sectores productivos sostienen que el incremento tendrá un impacto directo sobre sus costos de producción, debido a que el diésel es fundamental para la maquinaria agrícola, transporte de productos, labores de siembra y cosecha y otras actividades económicas. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) calificó la medida de discriminatoria y expresó su rechazo al nuevo esquema establecido por el Gobierno.

El rechazo también se ha extendido a las provincias del norte de Santa Cruz. Productores de Warnes, Obispo Santisteban, Sara e Ichilo dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar la norma y advirtieron con movilizaciones, argumentando que el incremento afecta al sector agroproductivo y a la economía nacional.

A esto se suma la preocupación de los gobiernos municipales, debido a que algunas alcaldías fueron incluidas dentro de la categoría de grandes consumidores. Autoridades municipales denunciaron que el nuevo precio podría elevar considerablemente sus gastos en combustible para servicios como recolección de basura, mantenimiento de caminos y funcionamiento de maquinaria pesada.

Economistas también han advertido sobre un posible efecto en los precios de los productos. El economista Roberto Castillo explicó que el aumento del costo del diésel puede trasladarse a los costos de producción y, posteriormente, repercutir en el precio final de diferentes productos de la canasta familiar, aunque el impacto dependerá de cuánto representa el combustible dentro de la estructura de costos de cada actividad.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su posición de que el nuevo mecanismo permitirá ordenar el mercado de combustibles y combatir el desvío del diésel subvencionado. La tensión, sin embargo, continúa aumentando y los sectores movilizados esperan una respuesta oficial antes de definir nuevas medidas de presión.

El conflicto podría agravarse en los próximos días si no se alcanza un acuerdo, especialmente por la posibilidad de bloqueos de carreteras y movilizaciones en distintas regiones del país, en un momento en que Bolivia todavía enfrenta dificultades de abastecimiento de diésel y una fuerte presión sobre los costos de producción y transporte.

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