El costo del servicio de agua potable volvió a generar debate en Cochabamba luego de que circularan cuestionamientos sobre la diferencia entre el precio al que el Proyecto Múltiple Misicuni vende el agua cruda a SEMAPA y las tarifas que finalmente pagan los usuarios por el servicio domiciliario.

Según información difundida en redes sociales y basada en datos públicos, Misicuni comercializa el metro cúbico de agua cruda a aproximadamente Bs 0,77, mientras que los usuarios de SEMAPA pagan tarifas que varían según la categoría de consumo y el volumen utilizado, además de un cargo fijo establecido en la estructura tarifaria.

Diversos ciudadanos y plataformas vecinales solicitaron a la empresa municipal una explicación detallada sobre la composición de las tarifas, señalando que la diferencia entre el costo del agua entregada por Misicuni y el precio final debería ser explicada de manera transparente. Los reclamos apuntan a conocer cuánto corresponde a los procesos de potabilización, bombeo, mantenimiento de redes, administración, operación e inversiones necesarias para garantizar el servicio.

Especialistas recuerdan que el precio pagado por los usuarios no corresponde únicamente al costo del agua en su estado natural. El servicio de agua potable incluye una serie de procesos técnicos indispensables, entre ellos la captación, tratamiento químico y bacteriológico, almacenamiento, distribución mediante redes, mantenimiento de infraestructura, reparación de fugas, consumo de energía eléctrica para estaciones de bombeo, reposición de equipos y atención comercial.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 20, establece que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, mientras que el artículo 235 dispone que los servidores públicos deben actuar con transparencia y rendir cuentas sobre la administración de los recursos públicos.

Asimismo, la Ley Nº 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario señala que las tarifas deben responder a criterios técnicos y económicos que garanticen la sostenibilidad del servicio, bajo la regulación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), entidad encargada de supervisar y aprobar la estructura tarifaria de las empresas prestadoras del servicio.

Frente a la polémica, distintos sectores ciudadanos consideran necesario que SEMAPA publique información actualizada sobre sus costos operativos, inversiones y criterios utilizados para la determinación de las tarifas, con el objetivo de fortalecer la confianza de los usuarios y garantizar una gestión transparente de un recurso considerado esencial para la población.

Por su parte, especialistas en gestión del agua advierten que el debate debe sustentarse en información técnica verificable, ya que comparar únicamente el precio del agua cruda con la tarifa final puede resultar insuficiente si no se consideran todos los costos asociados a la prestación del servicio.

El acceso al agua potable es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental y, en Bolivia, la normativa vigente establece que los servicios básicos deben administrarse bajo principios de eficiencia, sostenibilidad, equidad y transparencia, aspectos que hoy vuelven a ocupar el centro del debate ciudadano en Cochabamba.

Fuentes: Constitución Política del Estado (arts. 20 y 235); Ley N.º 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS); Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA); Empresa Misicuni.

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