El sector agroproductivo boliviano se reúne este jueves 27 de agosto en el municipio de Warnes, Santa Cruz, para analizar la situación del abastecimiento de diésel y definir nuevas acciones frente al Decreto Supremo 5676, norma que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores.

La convocatoria fue realizada por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y fue ampliada a representantes de las cámaras agropecuarias de diferentes departamentos del país. El encuentro está previsto desde las 09:00 y tendrá como principal punto de análisis la solicitud de abrogación total del Decreto Supremo 5676.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, cuestionó la aplicación de la norma y sostuvo que el nuevo esquema de precios afecta directamente al sector productivo. El dirigente también afirmó que la medida no habría solucionado las dificultades de abastecimiento ni las filas que continúan registrándose en distintos puntos del país.

Los productores advierten que el incremento del costo del combustible repercute en toda la cadena productiva, desde la preparación de terrenos y la siembra hasta la cosecha, transporte y comercialización de alimentos. La Cámara Agropecuaria de Cochabamba también expresó su preocupación y señaló que el nuevo precio puede incrementar los costos de producción y terminar trasladándose al consumidor final.

La preocupación del sector no se limita al precio del diésel. Los productores también demandan mayor seguridad en el abastecimiento, acceso a divisas para la adquisición de insumos y maquinaria, además de condiciones que permitan mantener la producción y competitividad del sector agropecuario.

Mientras tanto, el Gobierno busca reducir las tensiones con los productores. El ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, sostuvo el miércoles una reunión con representantes de la CAO para analizar mecanismos que permitan garantizar el suministro de combustible. Según la autoridad, uno de los principales problemas identificados es la distorsión generada por la diferencia de precios, que favorecería el contrabando, el acaparamiento y la reventa ilegal.

El Ejecutivo planteó trabajar en tres áreas: garantizar el abastecimiento de diésel y combatir el mercado ilegal, eliminar trabas que afectan al sector productivo y facilitar el acceso a créditos y tecnología.

El encuentro de Warnes será clave para conocer la posición conjunta del agro nacional y determinar si los productores optarán por continuar con el diálogo con el Gobierno o asumir nuevas medidas de presión. Sectores productivos ya advirtieron anteriormente que podrían recurrir a movilizaciones y bloqueos si sus demandas no son atendidas.

La controversia por el Decreto 5676 se suma así a la preocupación nacional por la escasez de diésel y el incremento de los costos de producción, en un momento en que productores y autoridades buscan evitar que las dificultades con el combustible terminen afectando el abastecimiento y los precios de los alimentos en Bolivia.

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