El Gobierno nacional advirtió que podría ampliar el estado de excepción vigente en Bolivia si continúan los anuncios de movilizaciones, bloqueos y otras acciones que, según el Ejecutivo, representan una amenaza para el Estado de derecho y la estabilidad democrática.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la medida actualmente tiene plena vigencia y señaló que su eventual ampliación dependerá de la persistencia de las protestas y de las acciones que el Gobierno considera desestabilizadoras.

“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento y, si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y del respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse”, manifestó Aramayo.

La advertencia surge luego de que diferentes sectores sociales anunciaran nuevas movilizaciones para las próximas semanas, principalmente en rechazo al Decreto Supremo 5676, que modificó el esquema de precios del diésel y eliminó la subvención para los grandes consumidores. Organizaciones productivas y sociales han expresado su desacuerdo con la medida y algunas anunciaron que podrían recurrir nuevamente a bloqueos y otras medidas de presión.

El estado de excepción fue establecido mediante el Decreto Supremo 5636, en junio, después de varias semanas de bloqueos de carreteras que afectaron la circulación de personas, alimentos, medicamentos y combustibles en diferentes regiones del país. La medida tiene una vigencia de 90 días, por lo que su plazo actual concluiría en septiembre.

Aramayo sostuvo que el Ejecutivo no pretende criminalizar la protesta y afirmó que durante la vigencia de la medida se respetan los derechos humanos. Sin embargo, cuestionó los anuncios de nuevas movilizaciones y señaló que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el libre tránsito y las garantías democráticas.

La autoridad llegó incluso a calificar la situación como una amenaza de “terrorismo político” y “narcoterrorismo contra el Estado”, afirmaciones que corresponden a la valoración del Gobierno y que deberán ser sustentadas mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.

De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, una eventual ampliación no dependería únicamente de una decisión del Ejecutivo. La normativa sobre estados de excepción establece que, de manera excepcional, el plazo puede ampliarse previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la votación correspondiente.

La situación genera además un contraste con declaraciones anteriores del presidente Rodrigo Paz, quien el 12 de agosto había descartado ampliar el estado de excepción que rige desde junio.

Ahora, ante los nuevos anuncios de movilizaciones y bloqueos, el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de prolongar la medida, mientras los sectores movilizados mantienen sus cuestionamientos al Decreto Supremo 5676 y al manejo de la crisis económica.

La evolución de las protestas y las decisiones que adopten tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa determinarán si finalmente se solicita y autoriza una ampliación del estado de excepción.

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