El Decreto Supremo 5683 amplía de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el límite de recursos que el Tesoro General de la Nación puede asignar a YPFB para cubrir la diferencia entre el costo de importación de hidrocarburos y el precio de referencia interno. La medida llega mientras sectores productivos mantienen sus reclamos por el precio y abastecimiento del diésel.

El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5683, una nueva medida destinada a fortalecer el respaldo financiero para la importación de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento de combustibles en el territorio nacional.

La norma, emitida el 27 de agosto de 2026, modifica una disposición del Decreto Supremo 5652 y eleva de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto máximo que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar excepcionalmente a YPFB.

Los recursos están destinados a cubrir el diferencial entre los costos que enfrenta YPFB para importar hidrocarburos y el precio de referencia utilizado para la comercialización interna.

El Gobierno sostiene que la ampliación permitirá a la estatal petrolera contar con mayor respaldo financiero para realizar sus compras en el mercado internacional y mantener las medidas de estabilización de precios de los derivados del petróleo.

Sin embargo, el decreto no significa que Bs 2.000 millones serán desembolsados inmediatamente. La asignación dependerá de la disponibilidad financiera del TGN y de los mecanismos establecidos por la normativa vigente.

Uno de los aspectos importantes del nuevo decreto es que no establece un nuevo precio para el diésel ni para la gasolina.

Su objetivo principal es reforzar el financiamiento de YPFB para enfrentar la diferencia entre el costo de los carburantes importados y el precio reconocido dentro del esquema vigente.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que existe una diferencia importante entre el costo de importación y el precio de comercialización en Bolivia. Según sus declaraciones, el costo directo de importar un litro de diésel se encuentra entre Bs 15 y Bs 16, mientras que, incluyendo impuestos, el costo puede aproximarse a Bs 18.

La ampliación de recursos se produce en un momento de tensión con diferentes sectores productivos que cuestionan las medidas adoptadas por el Gobierno respecto al diésel.

Uno de los principales puntos de conflicto es el Decreto Supremo 5676, que estableció un precio de Bs 18 por litro para grandes consumidores de diésel, medida que generó rechazo entre productores y otros sectores vinculados a la actividad agropecuaria.

Los sectores movilizados reclaman principalmente condiciones que permitan garantizar el acceso al combustible necesario para mantener las actividades productivas, especialmente en un contexto marcado por dificultades de abastecimiento y largas filas en estaciones de servicio.

El Gobierno apuesta a que el mayor respaldo financiero permita a YPFB fortalecer sus operaciones de importación y contribuir a garantizar el suministro de carburantes.

No obstante, la medida llega mientras persisten problemas de abastecimiento, especialmente de diésel, que han provocado largas filas en diferentes regiones del país.

La crisis no se limita únicamente al financiamiento. El país también enfrenta desafíos relacionados con la logística de importación, disponibilidad de divisas, distribución y comercialización de los combustibles.

La ampliación del respaldo financiero estatal forma parte de un escenario en el que el Gobierno también busca incrementar la participación privada en el abastecimiento energético.

En Santa Cruz, por ejemplo, se impulsa un proyecto privado para importar petróleo crudo y procesarlo en una refinería instalada en Cuatro Cañadas, con el objetivo de producir diésel y gasolina destinados principalmente al sector productivo.

Esta iniciativa refleja la búsqueda de alternativas al esquema tradicional de abastecimiento y una mayor participación de empresas privadas en la cadena de combustibles.

🔹 El límite de recursos pasa de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones.
🔹 Los recursos pueden ser asignados por el TGN a YPFB.
🔹 El dinero busca cubrir el diferencial generado por los costos de importación.
🔹 La medida pretende contribuir a garantizar el abastecimiento nacional.
🔹 No modifica directamente el precio del diésel ni de la gasolina.
🔹 La ampliación se produce en medio del conflicto con sectores productivos por el precio y disponibilidad del diésel.

El nuevo decreto representa un mayor respaldo financiero para YPFB, pero todavía queda por verse cuánto impactará en la disponibilidad efectiva de combustible en los surtidores.

Mientras el Gobierno busca fortalecer la capacidad de importación, productores y transportistas continúan demandando soluciones concretas a la falta de diésel y cuestionando el impacto de los nuevos precios sobre sus costos de producción.

La pregunta ahora es si los recursos adicionales permitirán normalizar el abastecimiento y reducir las filas en los surtidores, o si serán necesarias nuevas medidas para resolver de manera estructural la crisis de combustibles que enfrenta Bolivia.

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