El Gobierno nacional informó que 15 empresas públicas atraviesan una situación financiera crítica, con pérdidas millonarias acumuladas y problemas de sostenibilidad, por lo que analiza medidas como su reestructuración, fusión, alianzas estratégicas o incluso su liquidación, dependiendo de la viabilidad de cada entidad.

La información fue presentada por la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia, mediante un diagnóstico que evaluó la situación financiera de las empresas estatales hasta la gestión 2025. Según el informe oficial, las 15 empresas consideradas de mayor riesgo acumulan pérdidas superiores a Bs 5.177 millones, mientras que el conjunto del sector empresarial estatal registra pérdidas por Bs 12.742,8 millones. Además, el Estado destinó más de Bs 26.530 millones en créditos, aportes de capital y otros recursos para sostener estas entidades.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el Ejecutivo clasificó a las empresas públicas en tres grupos: las consideradas estratégicas, que continuarán operando con procesos de modernización; aquellas que podrían recuperarse mediante una reestructuración; y un tercer grupo cuya continuidad será evaluada debido a su situación financiera. La autoridad señaló que el objetivo es transparentar la información y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

Entre las empresas que presentan mayores dificultades financieras figuran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Boliviana de Aviación (BoA), Mi Teleférico, Quipus y otras compañías estatales creadas en los últimos años, las cuales registran elevados niveles de endeudamiento, patrimonio deteriorado y resultados económicos negativos.

El director ejecutivo de la OFEP, Pablo Camacho, indicó que el diagnóstico busca proporcionar una base técnica para definir el futuro de las empresas públicas y adoptar decisiones que permitan corregir problemas estructurales de administración, eficiencia y sostenibilidad financiera. Asimismo, anunció que varias entidades serán sometidas a auditorías para establecer responsabilidades sobre el manejo de los recursos estatales.

La posibilidad de cerrar algunas empresas ha generado debate en distintos sectores económicos. Analistas consideran que la reestructuración podría aliviar la presión sobre las finanzas públicas; sin embargo, también advierten que cualquier decisión deberá evaluar el impacto económico, laboral y social, especialmente en aquellas empresas que prestan servicios estratégicos para la población.

Por su parte, el Gobierno aclaró que no todas las empresas públicas serán liquidadas y que las decisiones se adoptarán de manera individual, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones técnicas y financieras. El Ejecutivo insistió en que las empresas estratégicas continuarán operando, aunque bajo procesos de reorganización y mejora de su gestión.

La situación de las empresas estatales se produce en un contexto de desaceleración económica, restricciones en la disponibilidad de divisas y presión sobre las finanzas públicas, factores que han reavivado el debate sobre la eficiencia, sostenibilidad y futuro del modelo empresarial del Estado en Bolivia.

Fuentes: Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP); Ministerio de la Presidencia; Agencia de Noticias Fides (ANF); Unitel; Opinión.

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