El Gobierno nacional confirmó que inició un proceso de evaluación técnica de 15 empresas públicas que presentan problemas financieros y operativos, con el objetivo de determinar si continuarán funcionando, serán reestructuradas, fusionadas con otras entidades o, en los casos más críticos, cerrarán de manera definitiva.

La medida forma parte de las acciones previstas en el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, que otorga a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) la responsabilidad de realizar un diagnóstico integral de las empresas estatales en un plazo menor a 30 días.

Diagnóstico técnico para definir el futuro de las empresas

El director de la OFEP, Pablo Camacho, explicó que la evaluación analizará indicadores financieros, sostenibilidad, eficiencia operativa e impacto económico para establecer qué empresas son viables y cuáles requieren cambios estructurales.

Entre las alternativas que maneja el Ejecutivo se encuentran: Reestructuración administrativa, Fusión con otras empresas estatales, Transformación de su modelo de gestión y Liquidación o cierre de aquellas que no sean sostenibles.

De acuerdo con información presentada por el Gobierno, las 15 empresas evaluadas se encuentran en una situación de quiebra técnica, acumulando pérdidas que alcanzan aproximadamente Bs 12.700 millones. Entre las entidades señaladas figuran algunas de las empresas públicas de mayor tamaño del país, como BoA, Mi Teleférico y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), aunque el diagnóstico final definirá las medidas específicas para cada caso.

Las autoridades aclararon que la evaluación no significa el cierre automático de las empresas estatales.

El propósito es identificar cuáles pueden recuperarse mediante procesos de modernización y cuáles representan una carga financiera para el Estado. Solo aquellas que no cumplan criterios técnicos, financieros y de sostenibilidad podrían ser liquidadas conforme a la normativa vigente.

La revisión de las empresas públicas forma parte del plan económico impulsado por el Gobierno para reducir el gasto estatal, mejorar la eficiencia del sector público y enfrentar la complicada situación fiscal del país.

Diversos analistas consideran que la decisión busca disminuir las pérdidas que durante años han registrado algunas empresas estatales y concentrar los recursos públicos en aquellas entidades consideradas estratégicas para la economía nacional.

El informe técnico de la OFEP será presentado en las próximas semanas y servirá de base para que el Ejecutivo determine qué empresas continuarán operando, cuáles serán reestructuradas y cuáles podrían cerrar definitivamente.

La decisión marcará uno de los procesos de reorganización más importantes del sector público empresarial boliviano en los últimos años, con el desafío de equilibrar la sostenibilidad financiera del Estado y preservar los servicios considerados esenciales para la población

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