El Gobierno nacional puso en marcha la segunda fase del Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, una iniciativa que contempla una inversión de 92,7 millones de dólares y busca generar aproximadamente 73.000 empleos en municipios y gobiernos indígena originario campesinos de todo el país, como parte de las medidas destinadas a recuperar la actividad económica después de las pérdidas ocasionadas por los conflictos y bloqueos registrados durante mayo y junio.

El programa, presentado por el presidente Rodrigo Paz, prevé la creación de alrededor de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos, principalmente mediante la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y rural. Entre las obras contempladas se encuentra el mejoramiento y enlosetado de calles y avenidas, con una meta de aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados de vías intervenidas en diferentes regiones del país.

Los gobiernos municipales y gobiernos autónomos indígena originario campesinos serán los principales beneficiarios del programa y deberán presentar sus proyectos dentro del plazo establecido por el Gobierno, que tiene como fecha límite el 14 de septiembre. Las propuestas serán canalizadas mediante el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), institución encargada de ejecutar el programa.

Además de generar fuentes de trabajo, el Ejecutivo sostiene que la iniciativa permitirá dinamizar a las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la construcción, particularmente aquellas dedicadas a la fabricación de losetas, producción de áridos, provisión de herramientas y otros servicios relacionados con las obras. De esta manera, el Gobierno busca que los recursos destinados al programa tengan un efecto multiplicador sobre las economías locales.

La medida llega después de semanas de conflictos sociales y bloqueos que afectaron el transporte, el comercio, la producción y el abastecimiento en diferentes departamentos. La Defensoría del Pueblo documentó durante mayo y junio afectaciones al libre tránsito, la salud, el abastecimiento y otras actividades debido a los bloqueos registrados en distintas regiones del país.

En Cochabamba, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) estimó a finales de mayo una afectación económica acumulada de Bs 1.597,7 millones, asociada a 32 días efectivos de bloqueo, con impactos directos en producción, transporte, comercio, servicios, empleo y abastecimiento.

El sector productivo también había reclamado medidas para recuperar la actividad económica. En julio, el Gobierno informó que trabajaba con representantes de productores agropecuarios y otros sectores para impulsar mecanismos de financiamiento, garantizar el abastecimiento de diésel y facilitar la recuperación de las actividades productivas afectadas por los más de 50 días de bloqueos.

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP), por su parte, informó que recibió 966 solicitudes de refinanciamiento y reprogramación de créditos de unidades productivas afectadas por los conflictos, principalmente de los sectores manufacturero y agropecuario, como parte de las medidas de apoyo a empresas y productores golpeados por la paralización de actividades.

Con este nuevo programa, el Gobierno pretende que la inversión pública no solo permita mejorar calles y caminos, sino también recuperar empleos, movilizar recursos en los municipios y reactivar pequeñas y medianas empresas. Ahora, la atención estará puesta en los gobiernos municipales, que deberán presentar proyectos técnicamente viables dentro del plazo establecido para acceder a los recursos y convertir el plan nacional de empleo en obras concretas para sus poblaciones.

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