La Confederación de Gremiales Bolivianos elevó su rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, y advirtió que el incremento podría traducirse en mayores costos para la población y profundizar las dificultades económicas que atraviesan las familias bolivianas.

El dirigente nacional de los gremiales, César González, ratificó que su sector exige la abrogación de la norma y expresó su respaldo a otros sectores productivos que también cuestionan la medida. “El decreto va a dar más hambre y más pobreza a las familias bolivianas”, afirmó, señalando además que muchas familias ya tienen dificultades para cubrir gastos básicos como alquileres, medicamentos y material escolar.

La posición de los gremiales fue definida durante un ampliado de emergencia realizado en Cochabamba, donde se determinó exigir al Gobierno que deje sin efecto el decreto y se anunció la posibilidad de asumir movilizaciones nacionales una vez concluya el estado de excepción. El sector sostiene que el incremento del combustible terminará repercutiendo en los precios de productos y servicios, afectando principalmente a los consumidores.

El DS 5676, emitido por el Gobierno el 16 de agosto, establece que los denominados clientes directos y grandes consumidores deben adquirir diésel a un precio referencial inicial de Bs 18 por litro, mientras que para transportistas y usuarios particulares se mantiene el precio de Bs 9,80. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías sostiene que la medida busca regularizar el abastecimiento, reducir las filas en las estaciones de servicio y evitar que el combustible subvencionado sea desviado al contrabando y la reventa.

Sin embargo, diferentes sectores productivos consideran que el nuevo precio tendrá un efecto directo sobre sus estructuras de costos. Productores agropecuarios, avicultores, cañeros, transportistas y cooperativistas mineros han expresado su rechazo, argumentando que el diésel es fundamental para las labores agrícolas, el transporte y la producción. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también pidió la abrogación de la norma.

Una de las principales preocupaciones es que el mayor costo del combustible pueda trasladarse a la cadena productiva. Especialistas y representantes de sectores productivos han advertido que el encarecimiento del transporte y de las actividades que utilizan maquinaria a diésel podría terminar repercutiendo en productos de la canasta familiar. Radio Fides recogió precisamente advertencias sobre posibles incrementos en los costos de producción de alimentos como la leche y el pollo.

El rechazo también alcanzó a los gobiernos municipales, algunos de los cuales cuestionan haber sido incluidos entre los grandes consumidores. Las alcaldías argumentan que utilizan diésel para servicios públicos y maquinaria, por lo que el nuevo precio podría elevar sus gastos en actividades como mantenimiento de caminos y recolección de residuos.

Mientras los sectores sociales y productivos presionan por la abrogación del DS 5676, el Gobierno mantiene su argumento de que la medida busca ordenar el mercado de combustibles y reducir el costo fiscal asociado a la importación de diésel. El conflicto podría aumentar en los próximos días si no se alcanza un acuerdo, debido a las advertencias de movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país.

La disputa por el precio del diésel se convierte así en uno de los principales focos de tensión económica y social de Bolivia, con dos posiciones enfrentadas: el Gobierno defiende la medida como una herramienta para combatir el desvío del combustible subvencionado, mientras los sectores movilizados sostienen que sus efectos terminarán siendo pagados, directa o indirectamente, por el bolsillo de las familias bolivianas.

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