Transportistas y vehículos de alto tonelaje esperan hasta tres días para abastecerse de diésel en algunas regiones. Mientras tanto, productores y otros sectores exigen cambios o la abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro para grandes consumidores.

Las dificultades para acceder a diésel continúan en diferentes regiones de Bolivia. En La Paz y Cochabamba, extensas filas de vehículos de transporte pesado y buses interdepartamentales se mantienen alrededor de las estaciones de servicio, mientras conductores denuncian que deben esperar incluso varios días para conseguir combustible.

Según un reporte de Unitel, en la zona de la avenida Perú, cerca de la Terminal de Buses de La Paz, las filas de vehículos de alto tonelaje se extienden por varias cuadras. Algunos conductores aseguran que esperan entre dos y tres días para poder cargar diésel.

Una situación similar se registra en Cochabamba. En inmediaciones del kilómetro 3,5 de la avenida Blanco Galindo, la fila de camiones llegó a extenderse aproximadamente un kilómetro, generando además dificultades en la circulación y accidentes de tránsito.

La escasez no se limita al transporte pesado. También se reportan dificultades para conseguir gasolina, aunque la situación más crítica continúa concentrada en el diésel.

Los transportistas advierten que la falta de carburante afecta directamente la frecuencia de los viajes interdepartamentales y eleva los costos de operación.

El problema se mantiene pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para reorganizar la comercialización de combustibles.

En paralelo, cada vez más organizaciones productivas y sociales expresan su rechazo al Decreto Supremo 5676, promulgado en agosto, que elimina la subvención para los grandes consumidores y establece inicialmente un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para este segmento.

Entre los sectores que cuestionan la norma se encuentran productores agropecuarios, cañeros, arroceros, transportistas, organizaciones campesinas y cooperativas mineras.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) consideran que el incremento del costo del combustible puede elevar considerablemente los gastos de producción y terminar repercutiendo en los precios de los alimentos.

Confeagro, además, planteó como alternativa la liberación de la importación y comercialización de carburantes, junto con la eliminación de determinados impuestos sobre los combustibles.

Para el sector agropecuario, el diésel es indispensable para prácticamente toda la cadena productiva: preparación de terrenos, siembra, cosecha, transporte y funcionamiento de maquinaria.

Los cañeros, por ejemplo, protagonizaron movilizaciones en Santa Cruz bajo el lema “No al dieselazo”, denunciando que el incremento del combustible puede afectar directamente la zafra y elevar los costos de producción.

La preocupación también alcanza a los productores arroceros y a organizaciones del norte cruceño, que han exigido al Gobierno dejar sin efecto la norma y han advertido con asumir nuevas medidas de presión.

La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia y cuestionó tanto la falta de combustible como el impacto del nuevo precio para los grandes consumidores.

El transporte pesado internacional también expresó su rechazo y advirtió que un diésel más caro podría incrementar los costos de operación y generar mayor presión sobre el mercado informal.

Para los transportistas, el problema no es solamente el precio, sino la disponibilidad real del carburante.

Ante el creciente rechazo, el Gobierno ha descartado por el momento la abrogación del DS 5676, aunque autoridades del Ejecutivo reconocieron que la norma podría requerir modificaciones.

El ministro de Economía, Christian Morales, anunció que se realizarán ajustes para reducir los riesgos y problemas generados por la aplicación del decreto, pero sostuvo que la posición del Gobierno es mantener la norma.

Incluso dentro del propio Ejecutivo surgieron cuestionamientos. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, manifestó públicamente su desacuerdo con el precio de Bs 18 y planteó modificar el decreto.

El conflicto continúa aumentando. Confeagro determinó exigir al Gobierno la abrogación del DS 5676 hasta el domingo 30 de agosto y advirtió que, si no recibe una respuesta favorable, solicitará al Comité pro Santa Cruz convocar a una Asamblea de la Cruceñidad.

Otros sectores también han establecido plazos y anunciado posibles movilizaciones.

El escenario genera preocupación debido a que cualquier interrupción de carreteras podría afectar nuevamente el traslado de alimentos y productos entre el oriente, los valles y el occidente del país.

La situación deja dos problemas que avanzan simultáneamente: el precio del diésel para determinados consumidores y la falta de abastecimiento en los surtidores.

Mientras los sectores productivos cuestionan el costo de Bs 18 por litro, los conductores que buscan combustible subvencionado continúan enfrentando largas filas y esperas de varios días.

El debate, por tanto, no se limita al precio. También está relacionado con la capacidad de garantizar un suministro suficiente y oportuno para el transporte, la producción agrícola, la industria y la economía nacional.

Mientras las autoridades buscan una salida al conflicto, las largas filas continúan siendo una de las principales imágenes de la crisis de combustibles en Bolivia. Para transportistas y productores, la demanda es concreta: contar con diésel suficiente y a un precio que permita mantener en marcha el transporte y la producción nacional.

Las filas por diésel continúan en La Paz y Cochabamba.
Algunos transportistas aseguran esperar hasta dos o tres días para abastecerse.
El DS 5676 establece un precio referencial de Bs 18 por litro para grandes consumidores.
Productores agropecuarios y otros sectores rechazan la medida.
Confeagro exige la abrogación de la norma hasta el 30 de agosto.
El Gobierno mantiene su decisión de no abrogarla, aunque analiza modificaciones.
Algunos sectores advierten con nuevas movilizaciones y medidas de presión.

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