El nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que el Gobierno realizará ajustes al Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo régimen para el diésel destinado a grandes consumidores, en medio de la creciente presión de sectores productivos y del transporte que exigen la abrogación de la norma.

Morales señaló que el objetivo es realizar las modificaciones necesarias para reducir los riesgos y efectos que la aplicación del decreto está generando en diferentes sectores de la economía. La autoridad remarcó que el Gobierno buscará que la norma no sea abrogada, sino ajustada mediante un proceso de diálogo con los sectores involucrados.

“Se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”, manifestó Morales, quien además sostuvo que estas modificaciones deben ser trabajadas en un marco de diálogo respetuoso entre las partes, con el propósito de encontrar una solución que permita avanzar en la recuperación de la economía nacional.

La posición del Gobierno se conoce mientras diferentes organizaciones productivas y del transporte se mantienen en emergencia y demandan dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676. Entre los sectores que expresaron su rechazo se encuentra la Cámara de Transporte del Oriente, cuyo ejecutivo, Luis Áñez, cuestionó la efectividad de la medida y advirtió que la falta de diésel continúa afectando las operaciones del transporte.

Áñez sostuvo que el decreto habría generado mayor especulación y advirtió sobre el riesgo de que se produzca un mercado negro de combustible. Por ello, pidió al Gobierno analizar la posibilidad de anular la norma y buscar una solución estructural al problema del abastecimiento de diésel.

La tensión aumentó este miércoles con el bloqueo indefinido instalado por productores y organizaciones sociales del Beni en el puente San Pablo, en rechazo al nuevo régimen del diésel. Los movilizados exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676 y denuncian dificultades para acceder al combustible necesario para las actividades productivas.

En este contexto, el Gobierno deberá enfrentar el desafío de encontrar un punto de equilibrio entre mantener su política sobre el combustible y atender las demandas de los sectores que consideran que la aplicación del decreto está afectando sus costos de producción y transporte.

Comentarios 0

Deja un comentario