El presidente Rodrigo Paz volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de regularizar los denominados “autos chutos” o vehículos indocumentados, planteando que una eventual nacionalización podría convertirse en una fuente rápida de ingresos para los gobiernos municipales.

La propuesta fue expresada durante una reunión entre el mandatario, representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y autoridades municipales, encuentro en el que se abordaron principalmente las dificultades económicas y presupuestarias que atraviesan las alcaldías.

Paz pidió a los alcaldes analizar la posibilidad de legalizar estos vehículos y considerar los recursos que podrían generar mediante el pago de impuestos municipales. “Si quieren recursos, autos chutos va a dar harto ingreso”, afirmó el mandatario, según reportaron Bolivisión, Red Uno y la Agencia de Noticias Fides (ANF).

El presidente reconoció que no pretende que Bolivia se convierta en un país de vehículos indocumentados, pero sostuvo que estos motorizados ya circulan en diferentes regiones del territorio nacional, mencionando entre ellas el norte de La Paz, Pando, Beni, Potosí y Challapata.

La propuesta no representa, por el momento, una medida aprobada. Se trata de un planteamiento que tendría que ser analizado y, para aplicarse, debería traducirse en una normativa que establezca las condiciones, requisitos, controles y alcance de una eventual regularización. Medios como Red Uno remarcaron que no existe una decisión gubernamental aprobada sobre la legalización.

El tema, sin embargo, volvió a generar rechazo entre sectores del transporte. El secretario ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, expresó su oposición a la iniciativa y afirmó que su sector rechaza “de plano” la posibilidad de nacionalizar vehículos que ingresaron al país de manera ilegal. También cuestionó que se busquen ingresos municipales mediante la regularización de motorizados indocumentados.

Desde el Transporte Libre de Cochabamba, su dirigente Mario Ramos también calificó la propuesta como una provocación al sector y advirtió sobre posibles consecuencias relacionadas con el consumo de combustible y la circulación de vehículos cuya procedencia podría ser irregular.

La discusión tampoco es nueva. Durante la campaña electoral, Paz ya había planteado la regularización de vehículos indocumentados. En julio de este año, la ANF informó que la propuesta había generado posiciones encontradas dentro del propio Gobierno y entre diferentes sectores políticos y empresariales. En ese momento se señaló que una eventual regularización debería excluir vehículos robados o vinculados con delitos.

Uno de los principales cuestionamientos gira precisamente en torno al origen de los vehículos. La bancada de Libre anunció su rechazo a una eventual nacionalización y advirtió sobre el riesgo de que la medida pudiera utilizarse para legalizar bienes cuyo origen sea ilícito.

Además de los cuestionamientos legales y económicos, el sector automotor ha advertido sobre el posible impacto que una nueva regularización podría tener en el mercado formal de vehículos y en la lucha contra el contrabando. La posibilidad de una nueva amnistía para vehículos indocumentados también genera preocupación porque podría incentivar el ingreso de nuevos motorizados ilegales al país.

Paz, por su parte, presentó la medida principalmente como una alternativa para fortalecer las finanzas municipales en un momento de dificultades económicas. Durante la misma reunión con los alcaldes, también planteó revisar el registro de placas, debido a que existen vehículos que están registrados en un municipio pero circulan permanentemente en otro, utilizando infraestructura y servicios sin necesariamente tributar donde desarrollan la mayor parte de sus actividades.

La propuesta llega además en medio de la discusión por el Decreto Supremo 5676, que modificó el precio del diésel y ha generado rechazo de distintos sectores. En la reunión con los municipios, el Gobierno sostuvo que la situación fiscal obliga a buscar alternativas para garantizar recursos destinados a las alcaldías.

Por ahora, la legalización de los llamados “chutos” sigue siendo una propuesta y no una medida vigente. El debate recién comienza y enfrenta dos posiciones claramente diferenciadas: por un lado, quienes consideran que la regularización permitiría obtener recursos y poner bajo control estatal vehículos que ya circulan en el país; y por otro, quienes advierten que podría premiar el contrabando, afectar al sector automotor formal y generar incentivos para que continúe el ingreso ilegal de vehículos.

El futuro de la propuesta dependerá de si el Gobierno decide impulsar una norma y de las condiciones que eventualmente se establezcan para determinar qué vehículos podrían ser regularizados, cuánto pagarían, cómo se verificará su procedencia y qué controles se aplicarían para impedir la legalización de motorizados robados o vinculados a actividades ilícitas.

Comentarios 0

Deja un comentario