El precio del pollo volvió a generar debate entre consumidores y comerciantes del Cono Sur de Cochabamba debido a las marcadas diferencias de precios entre municipios y a denuncias de algunos vendedores, quienes aseguran que enfrentan presiones para no comercializar el producto a un precio menor que el establecido por determinados sectores.

Mientras en Omereque el kilo de pollo se comercializa alrededor de Bs 14, en Aiquile alcanza los Bs 26, en Totora llega a Bs 28 y en Pasorapa se vende hasta en Bs 23 el kilogramo. Estas diferencias han despertado el cuestionamiento de la población, que se pregunta por qué un mismo producto puede costar más del doble dependiendo del lugar donde se compre.

La situación contrasta con lo que ocurre en otras regiones del país. En Santa Cruz, productores avícolas denunciaron que el precio del pollo cayó de manera considerable debido a una sobreoferta, llegando incluso a vender el kilogramo vivo por debajo de sus costos de producción. Los avicultores afirmaron que producir un kilo les cuesta aproximadamente Bs 12, mientras que en algunos casos estaban obligados a venderlo hasta en Bs 6 u 8, generando pérdidas económicas para el sector.

En la ciudad de Cochabamba, en cambio, los comerciantes reportan que el precio del pollo comenzó a estabilizarse luego de semanas marcadas por problemas de abastecimiento, aunque el valor continúa variando entre mercados dependiendo del costo del transporte y del proveedor.

Durante los meses de bloqueos, el comportamiento del mercado fue completamente distinto. Mientras en Santa Cruz existía sobreoferta porque el producto no podía salir hacia el occidente del país, ciudades como La Paz registraban fuertes incrementos en los precios debido a la escasez provocada por el cierre de carreteras.

Economistas explican que el precio final del pollo depende de varios factores, entre ellos el costo del transporte, combustible, almacenamiento, intermediación y la oferta y demanda en cada región. Sin embargo, advierten que si existen acuerdos para impedir que un comerciante venda más barato, podrían configurarse prácticas que afectan la libre competencia y terminan perjudicando directamente al consumidor.

Ante esta situación, la población pide la intervención de las autoridades municipales y de otras instancias competentes para verificar la formación de precios y garantizar que cualquier persona pueda comercializar el producto de manera libre, transparente y dentro del marco de la ley.

La población coincide en que la prioridad debe ser asegurar alimentos a precios justos. Si en algunas regiones del país el pollo se vende a costos considerablemente menores, consideran necesario analizar las causas de las diferencias y promover mecanismos que beneficien tanto a los productores como a los consumidores, evitando la especulación y favoreciendo un mercado competitivo y transparente.

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