En medio de la creciente preocupación por los incendios forestales que cada año afectan miles de hectáreas de bosques y áreas protegidas en el país, la senadora por Tarija Marcela Guerrero presentó un proyecto de ley que plantea endurecer las sanciones contra quienes ocasionen estos desastres ambientales, proponiendo penas de hasta 30 años de prisión para los responsables.

La legisladora sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el marco legal vigente y convertir los incendios forestales provocados en un delito con una de las sanciones más severas del ordenamiento jurídico boliviano, debido a las graves consecuencias ambientales, económicas y sociales que generan estos hechos.

Según explicó, cada temporada de incendios obliga a movilizar importantes recursos del Estado, además del trabajo de bomberos forestales, militares, voluntarios y comunidades que arriesgan su vida para controlar las llamas. A ello se suma la pérdida de bosques, fauna silvestre, cultivos, fuentes de agua y el deterioro de ecosistemas estratégicos para el país.

La propuesta legislativa surge en un contexto en el que Bolivia enfrenta nuevamente una temporada crítica de incendios, especialmente en departamentos como Santa Cruz, Beni, Tarija, Cochabamba y La Paz, donde las altas temperaturas, la sequía y las quemas no controladas incrementan el riesgo de propagación del fuego.

Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua muestran que cada año miles de hectáreas son afectadas por incendios forestales, muchos de ellos relacionados con actividades humanas como chaqueos ilegales, quemas agrícolas sin control o acciones intencionales.

La Defensa Civil ha advertido reiteradamente que los incendios forestales representan una amenaza para la biodiversidad, la salud de las comunidades y la seguridad alimentaria, además de provocar importantes emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que la mayoría de los incendios forestales en América Latina tienen origen humano y que su prevención requiere no solo controles más estrictos, sino también educación ambiental, vigilancia permanente y sanciones efectivas para quienes incumplen la normativa.

Especialistas en derecho ambiental consideran que el endurecimiento de las penas puede convertirse en un mecanismo de disuasión; sin embargo, subrayan que su eficacia dependerá de una adecuada investigación, de la identificación de los responsables y de la aplicación oportuna de la justicia.

El proyecto de ley deberá ser analizado y debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se evaluará su contenido y su compatibilidad con la legislación penal y ambiental vigente. Durante este proceso podrán incorporarse observaciones y modificaciones antes de una eventual aprobación.

Mientras el país enfrenta nuevos focos de incendio en distintas regiones, el debate sobre el fortalecimiento de las sanciones penales vuelve a cobrar fuerza como una medida para proteger los bosques, las áreas protegidas y la biodiversidad de Bolivia frente a uno de los problemas ambientales más graves de los últimos años.

Fuentes: Asamblea Legislativa Plurinacional; Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); Ministerio de Medio Ambiente y Agua; Viceministerio de Defensa Civil; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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